MADRID
«Eskubide zibil eta politikoen alde. Epaiketa guztiak eten». Ese lema rezaba la pancarta tras el cual se concentraron los procesados en el sumario 18/98 por espacio de una hora en la mañana de ayer, desde las 9.30 hasta las 10.30, para exigir la definitiva suspensión de todos los sumarios abiertos en la Audiencia Nacional. Durante ese tiempo, plantaron a un tribunal que les dio diez minutos para que abandonaran su actitud y entraran en la Sala.Frente a esa amenaza, sin embargo, los procesados se mantuvieron firmes, y no fue hasta completar la hora de concentración cuando entraron al pabellón de la Audiencia. Una vez dentro, la presidenta Angela Murillo, visiblemente enojada, ordenó que salieran fuera de la estancia y anunció que serían citados uno a uno para que dieran cuenta de las razones por las que no habían comparecido a la hora fijada, de cara a estudiar posibles acciones legales en su contra.
«Riesgo de fuga»
Uno a uno, los acusados fueron pasando ante el tribunal, y para todos ellos, la abogada de la AVT solicitó prisión provisional argumentando la existencia de «un riesgo de fuga». «Es una medida necesaria para el desarrollo normal del juicio y para garantizar la presencia de los procesados en la Sala», repitió sin más argumentos la letrada de la acusación, a lo que la defensa replicó que no existía tal riesgo porque, como era evidente, todos habían entrado por su propio pie tras realizar la concentración. Más allá de los argumentos legales expuestos por la defensa para desestimar la petición de la AVT, fue Pablo Gorostiaga quien replicó de forma más contundente. «Llevamos siete meses viniendo a Madrid, con nevadas, con ave-rías y llegando como hemos podido, no entiendo dónde ve el riesgo de fuga».
La representante de la acusación popular, en cualquier caso, siguió insistiendo en su petición, de la que sólo excluyó a Carlos Trenor, que además de procesado es también abogado en esta causa. El, en su turno, pidió que no se le discriminara positivamente por este motivo.
El fiscal no pidió ninguna medida cautelar para los encausados, al opinar que ese riesgo de fuga expuesto por la AVT no existía, pero amenazó con cambiar de posición en caso de producirse otro acto de protesta en el futuro.
Tras tomar declaración a los procesados, los magistrados esperaron hasta el habitual receso de la tarde para dar a conocer su decisión. En su auto, los tres jueces afirman que «comparten» el criterio de la acusación popular, según el cual «este tipo de conducta [la concentración de los procesados] hace inviable o dificulta, de forma ostensiva, la culminación del presente juicio oral, con el dictado de la correspondiente sentencia».
Agregan, a modo de apunte, que esa sentencia es «la única forma de terminación posible» del juicio. En cualquier caso, el tribunal coincidió con la Fiscalía respecto a la no existencia de riesgo de fuga, y no adoptó ninguna medida cautelar.
Durante sus intervenciones, los acusados explicaron que lo que habían protagonizado era «un acto de protesta» por entender que se les están vulnerando sus derechos civiles y políticos en este juicio, y para exigir, por tanto, su archivo. «Ha sido una llamada de atención a la sociedad, para trasladarle la situación demencial en que nos obligan a estar, y al Estado español y al Gobierno porque este juicio es un obstáculo para alcanzar una resolución democrática al conflicto», resumieron ante la Sala.
Insistieron, a pesar de los intentos de Murillo por acallarles, en el carácter político del juicio y destacaron que «no se corresponde con el momento político que vivimos».
«El juicio ya es un castigo»
Esta fue la idea que los portavoces de los procesados en este sumario, Mikel Korta y Teresa Toda, manifestaron en declaraciones efectuadas durante el plante al tribunal. Tras agradecer a las cerca de 250 personas que se concentraron el domingo en Madrid en protesta por el juicio, denunciaron que estos sumarios «suponen unos obstáculos que en una situación nueva como la que estamos ahora no pueden ser mantenidos». «Si todos estos juicios no te-nían sentido antes, mucho menos aún en estas circunstancias», apuntaron, agregando que «si hay voluntad política para parar estos juicios se puede hacer». Explicaron también que la propia vista oral «ya está siendo una condena».
Cuando declaró en la Sala, Toda quiso entregar a Murillo, para explicar las razones de la protesta, la entrevista publicada ayer en GARA, pero la presidenta no la aceptó.
