La cabecera de prensa más cercana al partido que gobierna en el Estado español eligió para su portada dominical el anuncio del futuro cierre de la central de Garoña. Una noticia de impacto, sin duda, para la población de los municipios adyacentes a la planta burgalesa y, por descontado, para la ciudadanía alavesa que limita con esta obsoleta central nuclear.
No por esperada desde hace tiempo, la noticia del cierre de Garoña deja de tener valor. Siempre, eso sí, que se haga realidad de inmediato, no sea que, como ha ocurrido con la reciente portada del mismo diario madrileño, en la que se anunciaba que inmigrantes no comunitarios podrían votar en las elecciones municipales de 2007, se postergue en el tiempo y, a juzgar por lo tratado en la recién clausurada convención del PSOE, se caiga de las prioridades gubernamentales sobre inmigración, centradas hoy por hoy en cerrar las costas sureñas al desembarco de inmigrantes y en expulsar a centenares de personas de regreso a Africa.
Desde que se produjera, el pasado 30 de abril, el cierre de la central José Cabrera, en Amohacid de Zorita, con 38 años de explotación a sus espaldas, y anteriormente de la planta tarraconense de Vandellos I, tras registrarse un grave accidente, Garoña ha quedado como el último ejemplo vivo a juzgar por los muchos incidentes registrados en la planta sería más correcto hablar de supervivencia de las centrales de primera generación.
Garoña lleva funcionando 36 años y aunque en diversos informes se alude a la fatiga de sus materiales y a la falta de seguridad, la compañía que explota la planta ha solicitado este verano al Consejo de Seguridad Nuclear diez años de prórroga en la concesión. De hecho, el CSN respondió ayer a la publicación del anuncio del cierre afirmando que se dispone a estudiar qué garantías se dan por parte de Nuclenor (participada al 50% por Iberdrola y Endesa), para que la planta «pueda seguir funcionando tan bien como hasta hora» a partir de julio de 2009. De aceptar la solicitud de Nuclenor, el CSN situaría fuera de normativa a la central, al superar ésta los 40 años de vida útil, lo que hace pensar que, como muy tarde, en tres años llegará el ansiado cierre. Sin embargo, desde aquí y ahora, sólo cabe invitar al Gobierno español a que se apunte el tanto y clausure de inmediato la central. Aunque tarde, se sumaría así a los deseos de una inmensa mayoría de la sociedad vasca. -